Para un minuto por no más sangre.

Para un minuto por no más sangre.

Genaro Góngora Pimentel.

La Silla Rota.

09    JUN    2011

En México, el crimen organizado no sólo ha impuesto violencia y muerte a los partícipes de la trama delictiva, pues ha llevado más allá su actividad, al hacer presa del miedo a las familias mexicanas.

La sociedad se ha vuelto espectadora del debilitamiento de las autoridades, pues ante ésta se ha develado la inseguridad que ha llevado a visualizar la débil presencia de un Estado de Derecho en nuestro país. La exposición de violencia ha provocado una metástasis de inseguridad al parecer los actos provenientes de la delincuencia como ejercidos por un poder implacable, que frustra y derrota a la comunidad. El problema de la inseguridad afecta a todos los sectores sociales, y está produciendo un efecto nocivo de umbrales impenetrables, que impide la existencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades que reconoce la constitución a todas las personas que habitan en territorio nacional, lo cual, constituye uno de los elementos cardinales del orden público. Se ha hecho visible que la amenaza que implica el crimen organizado, ha cumplido su cometido, pues la sociedad tiene miedo y, desafortunadamente, esto ha llevado a que muchos mexicanos abandonen su domicilio, en busca de protección, ya que las autoridades no han sido debidamente preparadas para la llamada guerra contra el crimen organizado, de la que hay que decir, no ha sido acuñada por las autoridades mexicanas, sino por las de nuestro vecino país del norte, pues en 1969 en la administración de Richard Nixon etiquetó como “War on Drugs” para definir una política que ese país terminó exportando a todo el mundo, de lo que hay que resaltar que no han sido los mismos resultados que han obtenido las autoridades mexicanas. Ya que los asesinatos y desapariciones de ciudadanos son comunes, pero también es común que no haya castigo para los responsables —la norma es la impunidad—; pero no termina ahí el problema, pues la falta de procesamientos exitosos es producto de una combinación de factores, tales como un sistema de justicia sobrecargado, la corrupción y la falta de preparación de policías y la falta de autonomía de los encargados de perseguir los delitos, sí, me refiero al Ministerio Público. Para nadie es desconocido que el contexto que permite a la delincuencia cristalizarse en una sociedad, tiene como base aquellos Estados ausentes y debilitados por el poder corruptor de las organizaciones criminales, lo que ha sucedido en nuestro país, y no se ha podido corregir, lo que ocasiona que la sociedad viva sin garantías de seguridad personal. La progresiva violencia en que se ha sumergido México, muestra que las autoridades han perdido la lucha en los temas que rodean el crimen organizado, y a pesar de ello no replantean la forma de combatirla, orientando estrategias paralelas a su combate, con miras a garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de la seguridad personal. La experiencia internacional y, sobre todo, la experiencia del pueblo colombiano lleva a pensar que el Estado Mexicano debe enfocar su atención a la protección de los ciudadanos, porque la violencia, el miedo y la impunidad criminal son un elemento indefectible para socavar los derechos humanos, lo que pone en riesgo la estabilidad de la sociedad mexicana. La falta de resultados de las autoridades en la guerra contra las organizaciones criminales, debilitan a la sociedad que es objeto de asedio por parte de la delincuencia, y para las organizaciones criminales el fracaso de las autoridades es su mayor impulso y estímulo para continuar con su opresión violenta.  Genaro Góngora Pimentel: Es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presidió de 1999 a 2002. Es doctor en derecho por la UNAM, donde ha sido docente por más de 30 años, en la Facultad de Derecho, así como en la Universidad Anáhuac y en el Instituto de Especialización del Poder Judicial Federal. Tiene vasta obra escrita en materia constitucional y de amparo, tales como "La lucha por el amparo fiscal", "Crimen Organizado" y otros. Actualmente también participa en la Fundación Encuentro, que apuntala a Andrés Manuel López Obrador con vistas a las elecciones presidenciales de 2012.

Al fin que no es mío.

Al fin que no es mío

Maite Azuela

07   de junio de 2011

La Silla Rota

El vínculo que se genera con los objetos materiales y los espacios de la vida diaria debe determinar en gran medida nuestra percepción sobre lo propio y lo ajeno. De algún modo cuidamos lo que nos pertenece y procuramos mantener limpio el espacio propio en que nos movemos. Hasta entre hermanos infantes, es inevitable el jaloneo arrebatado por un juguete, por el espacio en el sillón frente al televisor o por poder asomar las narices en la ventana durante algún trayecto en auto.

Pero con el patrimonio que no es nuestro, muchos nos permitimos desde la indiferencia hasta la falta de respeto. En sociedades como las nuestras, con un sentido de pertenencia tan acotado, el eterno intento por distinguir entre lo público y lo privado raspa con la inevitable disyuntiva en la que de un lado está lo que afecta al individuo y en el lado opuesto lo que le tiene sin cuidado. La i griega se hace compleja cuando en la vida diaria nos enfrentamos a decisiones tan sencillas como agacharnos a levantar basura que nosotros no generamos en una playa o una banqueta. Cuando optamos por no registrar los ingresos del negocio y le ofrecemos al cliente la opción de no presentar factura, cuando toleramos el uso privado de los espacios que son de todos. De cada opción me viene a la mente algún ejemplo reciente. Caminando en la calle de amores en la esquina con el Eje 6 un hombre aventó a la banqueta los restos de una torta hechos bola en una servilleta y su botella de refresco, todavía con un traguito. Le solicité que los levantara y los pusiera en algún basurero y me contestó que la calle no era mi casa, tres días después en la playa de Majahual le pregunté a una mesera porqué la playa estaba repleta de desechos, a lo que me contestó que como no se define a qué municipio corresponde Majahual, no cuentan con servicios municipales de limpieza. Hace unos días escuché a un amigo arquitecto hablar con su socio para cerrar la entrega de una remodelación, para lo que insistió que si el cliente no pedía factura, le reducían los costos. Nadie es responsable de lo que no le pertenece. Entre las múltiples consecuencias podemos identificar al menos tres: 1) No hay reacción por pérdida. Si los senadores toman recursos para subvenciones y los distribuyen discrecionalmente, casi nadie se indigna. Tenemos una nota de primera plana del día de ayer en el Universal, que en la que el encabezado informa que “Secretarios de Estado, ministros de la Corte, senadores y diputados cuentan con seguros médicos y de vida, además de apoyos para transporte, con lo que sus ingresos anuales alcanzan entre 2 millones y casi 4 millones de pesos”. Notas como estas llenan los diarios año con año y sigue sucediendo. La asignación abusiva e injustificada de nuestros funcionarios para garantizarse sueldos y prestaciones privilegiadas, no provoca ningún arrebato social. 2) La contribución no se ve como una aportación para beneficio propio. Casi nadie de los que pagan impuestos conscientemente, es decir realizando un trámite adicional que no sea el acto automático de pagar un bien o un servicio, siente gozo alguno por sumar a los recursos y espacios colectivos. Normalmente nos asecha ese pensamiento incómodo sobre el uso abusivo que hacen los funcionarios con los recursos públicos. Como si el dinero otorgado fuera dinero perdido, pero el que no se entrega a las arcas de la nación, fuera un patrimonio que todavía puede salvaguardarse de caer en lo ajeno. 3) Muchos de los que tienen poder sobre el destino de lo público no encuentran en su justa distribución un beneficio propio. Todos los que deciden hacer crecer sus privilegios a costa de invertirlos en la redistribución de beneficios. Es porque nunca han sentido que el valor de esos recursos colectivos es un bien que también les corresponde, y porque cuando hay que darles cause privado, no se percatan de que se hacen fraude a sí mismos. Una de las experiencias personales  más frescas sobre la desvinculación que tenemos con lo público, es un encuentro que tuve con unos treinta emprendedores jóvenes de Michoacán a quienes les pedí que me enlistaran espacios o recursos del estado que sintieran que fueran suyos. Todos contestaron que no había en realidad nada que sintieran propio. Con esfuerzos dijeron que las tradiciones y las artesanías. Entre las múltiples tareas que nos esperan como mexicanos, tenemos la de recrear un sentido de pertenencia vinculado al valor de lo colectivo. La banqueta es mía, las subvenciones son mías, las escuelas públicas son mías, los ingresos de Pemex son míos, la plaza es mía, las leyes son mías, los juzgados son míos, los árboles son míos, los museos son míos, los partidos políticos son míos, las cebras peatonales son mías, los monumentos son míos, las playas son mías, las montañas, el agua, la luz, los desiertos… México es mío. Goza alta burocracia prestaciones de lujo 6 de junio de 2011 José Manuel Arteaga y Andrea Merlos El Universal Secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte, senadores y diputados cuentan con prestaciones de privilegio que van desde seguros médicos y de vida hasta apoyos para transporte con lo que sus ingresos anuales alcanzan entre 2 millones y casi 4 millones de pesos Salarios, prestaciones, gratificaciones y bonos de la burbuja de funcionarios en el poder son cada día más onerosas. Con recursos públicos y con normatividad en mano, se les pagan pólizas médicas de primer nivel, seguros de vida millonarios, apoyos para transporte carretero, aéreo, despensa, gasolina, comidas y hasta las canastas navideñas. En un recuento, con base en cifras del Diario Oficial de la Federación (DOF), se revela que desde el Presidente de la República, secretarios de Estado, diputados, senadores y hasta los ministros de la Corte firman recibos llenos de prestaciones privilegiadas que los hace acumular millones de pesos. Por ejemplo, los ministros reciben anualmente 3 millones 808 mil 918 pesos, los diputados casi 2 millones de pesos, y los integrantes del gabinete casi 3 millones de pesos. Dependencias federales Los secretarios de Estado son hombres y mujeres privilegiados: a sus percepciones mensuales se suman seguros, ayudas económicas para gasolina y automóvil, entre otras. Según el “Manual de Percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal”, para 2011 los encargados de una secretaría de Estado reciben, sólo por salario, 205 mil 122 pesos mes con mes; al año, habrían percibido 2.46 millones de pesos. De acuerdo con datos del DOF, los funcionarios tienen un salario bruto de 32 mil 813.14 pesos, más una compensación garantizada de 172 mil 308.91 pesos, lo que suman 205 mil 122 pesos, sin prestaciones adicionales a las establecidas. Los secretarios tienen un seguro de vida por 1.3 millones de pesos, que resultan de multiplicar 40 veces su sueldo bruto. La ley prevé que el gobierno pague hasta la prima de la póliza, en caso de utilizarse el seguro, expone Hacienda. “Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos”, detalla. En el texto se explica que los integrantes del gabinete tienen a su disposición 5 mil 730 pesos mensuales para consumo de combustibles y lubricantes. Un seguro de retiro de hasta 25 mil pesos y un seguro de gastos médicos mayores con una suma asegurada de al menos 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, por alrededor de 500 mil pesos. Tienen dos seguros adicionales: de responsabilidad civil y asistencia legal, y el de separación individualizada. A todo lo anterior, se suma para los secretarios un aguinaldo de 40 días, y una indemnización por fallecimiento, independientemente del seguro de vida, por hasta cuatro meses de las percepciones, es decir, por más de 800 mil pesos. Una de las prestaciones que saltan de entre las estipuladas en el DOF, es la del pago por uso, mantenimiento, desgaste y necesidades de los automóviles particulares de los funcionarios que usen para trabajar. “Podrán optar por un apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y depreciación del vehículo que sea de su propiedad y utilice en el desempeño de sus funciones, siempre y cuando no cuenten con vehículos asignados por la dependencia o entidad. Deberán presentar una solicitud firmada, y documentación que acredite la legal propiedad del vehículo. “Se pagará 75% de automóviles por hasta 275 mil pesos. Los servidores públicos podrán solicitar que el apoyo económico que vienen recibiendo se les sustituya para otro vehículo que acrediten sea de su propiedad y que pretendan utilizarlo en el desempeño de sus funciones”, explica. Ministros de lujo Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen percepciones anuales por 3 millones 808 mil 918 pesos. Sin embargo, a diferencia de la escala común de los salarios de los altos funcionarios, los ministros no han incrementado su sueldo en tres años. Según el “Manual que Regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación” para el Ejercicio 2011, publicado en el DOF, cada ministro percibe un sueldo mensual básico de 175 mil 858 pesos, a lo que se suman percepciones nominales por 69 mil 77 pesos, lo que suma 244 mil 935 pesos. Adicionalmente, los ministros tienen una prima vacacional anual de 58 mil pesos, un aguinaldo de 329 mil 898 pesos y un “pago por riesgo” de 481 mil 799 pesos por año. De este modo, el sueldo anualizado alcanza los 3 millones 808 mil 918 pesos. El sueldo es el mismo para los 11 ministros, incluyendo al ministro presidente. De acuerdo con lo publicado en el DOF para el año 2011, “las percepciones de los ministros, consejeros, magistrados de Sala Superior y Regionales no tendrán incremento”. Los ministros de la Corte tienen los mismos seguros y prestaciones —el de vida, el de gastos médicos y el de retiro—, “cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, son cubiertas por las dependencias y entidades”, se explica en el documento. Entre curules y escaños En el Poder Legislativo, los senadores los diputados federales tienen una larga lista de prestaciones, muchas oficiales y otras más discrecionales, pero aún cuando se entregan bajo el consentimiento de los coordinadores parlamentarios, son legales pues dejan abiertas puertas para el manejo de más de 8 mil millones de pesos cada año. Son 128 senadores que perciben una dieta mensual de 121 mil 900 pesos, a la que se suman prestaciones garantizadas para su trabajo legislativo por 263 mil 337 pesos por igual para todos. Por norma reciben aguinaldos de 40 días equivalentes a más de 150 mil pesos, y una gratificación de fin de año de casi 30 mil pesos, con base en datos del “Manual de Percepciones de los Senadores”, publicado este año en el DOF. Los senadores se administran con sus líderes de bancadas que reciben anualmente subvenciones listas para utilizarse como mejor convenga. En el caso de los 500 diputados, todos reciben en los primeros 10 días de cada mes una dieta base de 75 mil 631 pesos, más prestaciones para asistencia legislativa de 45 mil 786 pesos, y para Atención Ciudadana por 28 mil 722 pesos. Estas dos partidas salariales sólo son verificadas en el Partido Acción Nacional, pues los obligan a presentar facturas de sus casas de atención en los distritos, o informes del trabajo que hacen. Los diputados federales, al igual que los senadores de la República Mexicana, y que la esfera de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Judicial tienen seguros de vida y médicos de muy amplia cobertura, pues en caso de que un legislador muera en un accidente aéreo hay una indemnización por arriba de los 5 millones de pesos. Por representar a los estados, los legisladores reciben ocho boletos de avión en periodos de sesiones, y cuatro en receso, a quienes vivan a más de 300 kilómetros de distancia de la ciudad de México, mientras que a los que viven más cerca les depositan entre 3 mil pesos por vivir en la misma delegación de la sede, y hasta 10 mil pesos a quienes se trasladan a Querétaro, por ejemplo.

Partidocracia y neoanulismo.

CONSTRUYAMOS JUNTOS UNA MEJOR SOCIEDAD.

Partidocracia y neoanulismo

La sociedad civil mexicana ha ganado varias batallas democráticas, pero va perdiendo la guerra contra los partidos políticos. 
Por: Agustín Basave, Director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana 
EL UNIVERSAL

jueves 2 de junio de 2011.

Mala puntería. Cuando el movimiento del voto nulo detonó la energía social, por ejemplo, el tiro de inconformidad de los anulistas fue a dar en la periferia del blanco partidocrático. No los culpo. Los tiempos no les permitían exigir cambios a las reglas electorales, que no penalizan a los partidos por el abstencionismo o por los sufragios anulados. Si en un distrito de 250 mil electores 249 mil 994 de ellos anularan su voto pero tres votaran por el PRI, dos por el PAN y uno por el PRD, el candidato priísta se convertiría en diputado con todas las de la ley y su dirigencia, junto con la panista y la perredista, recibirían completo el subsidio del IFE, igual que si la votación efectiva hubiera sido del 100% del padrón. Por eso la protesta preocupó a los partidócratas, pero a fin de cuentas no logró acercarlos a la ciudadanía.

En España acaba de ocurrir algo similar con el 15-M. Los indignados tomaron las calles, dispararon un escopetazo petitorio al establishment español y acabaron beneficiando al Partido Popular. Un grupo de jóvenes de izquierda propició el triunfo de la derecha. No quiero decir que allá o acá se haya fracasado; el solo hecho de haber creado semejante masa crítica es un triunfo. Lo que digo es que debe darse el siguiente paso para obligar a los partidos a ser verdaderos instrumentos de la sociedad. En México, concretamente, el "anulismo" podría reorganizarse en las redes sociales para presionar por una agenda legislativa como la siguiente: 1) atar las prerrogativas a la participación electoral (menos votos, menos dinero para los partidos); 2) culminar la aprobación de la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes (y una reglamentación que las haga viables); 3) facilitar la creación de nuevos partidos (aumentando su rendición de cuentas para acabar con las franquicias familiares). Tres balas rasas. Se articularía un movimiento amplio, se negociaría el apoyo a una o varias bancadas partidarias a cambio de que legislen esta agenda en 2012 y si no cumplen se tomarían las plazas. 

Evitemos equívocos. Los partidos son indispensables en la democracia contemporánea, y no se trata de desaparecerlos sino de renovarlos o, si no tienen remedio, de crear otros. Y seamos precisos en la crítica: desprestigiar a las instituciones democráticas es abrirle el paso al autoritarismo. Despotricar no contra los partidos existentes o contra la forma en que funciona un Congreso, sino contra la existencia misma de partidos y congresos, pavimentó el camino a autócratas como Alberto Fujimori en Perú y Silvio Berlusconi en Italia. Nuestra democratización no está trunca porque tengamos políticos, sino porque la inmensa mayoría de los que tenemos brillan por su mezquindad y no se les cobra la factura. No hay transición sin generosidad, y ante la ausencia de liderazgos a la altura de los tiempos ha de ser la sociedad la que implante la democracia participativa, sustituya el partidarismo de juego suma cero por uno que ceda en aras de un nuevo régimen, incentive la movilidad de la clase (que no casta) política e impida que se vuelvan a presentar los impresentables. 

El poder, por su naturaleza, no es comedido: es expansivo. Tiende a ejercerse hasta el límite de lo contraproducente. No se minimiza el abuso de los poderosos reemplazándolos con ciudadanos que, si no cambiara el sistema, acabarían aislándose, retirándose o corrompiéndose. En este país urge encarecer el alejamiento social de las élites partidistas, crear las condiciones para que sea mayor el costo que el beneficio de las que solapan a los corruptos. Y para lograrlo es imperativo tener una ciudadanía activa, vigilante, que exija los cambios legales pertinentes y rechace a quienes los evadan. Si se ejerce la presión suficiente con los objetivos adecuados, la partidocracia va a ceder. No traga lumbre.