jueves, 2 de agosto de 2012

Democracia y ciudadanía


DÍA CON DÍA. Héctor Aguilar Camín
2012-08-02 •

La democracia llegó a casi todos nuestros países del brazo de las reformas de mercado impuestas por la globalización. Los resultados de esas reformas son pobres en sus números económicos, más pobres aún en sus efectos sociales.
No han generado un consenso activo de modernidad, porque no han ofrecido rendimientos generalizados de bienestar. Por ello, junto a las euforias democráticas crecen los desencantos y las incertidumbres del proceso. Vemos surgir Estados democráticos legítimos en su origen, pero débiles en la construcción de proyectos cohesivos de futuro, con horizontes claros de crecimiento económico y oportunidades para todos.
Las democracias latinoamericanas, al igual que la mexicana, tienen fortalezas en diversos ámbitos, particularmente en el de las elecciones, pero su trama institucional es aún débil y su ciudadanía de sustento está todavía en formación.
Son democracias intervenidas por costumbres y creencias predemocráticas, por poderes de facto, económicos o políticos, por condiciones de desigualdad social que traban su funcionamiento y aplazan el reparto de los beneficios.
Vivimos la paradoja del triunfo de sistemas democráticos montados sobre culturas cívicas y tramas institucionales pobres. La democracia no se ha vuelto segunda naturaleza de nuestras ciudadanías.
Tenemos una ciudadanía a medio hacer y una institucionalidad democrática que es nuestra novedad más que nuestra costumbre.
La posibilidad de asentarse para esas democracias nuevas es que se encuadren en un horizonte de bienestar colectivo que haga verdad entre nosotros la difícil mancuerna de crecimiento económico con equidad social.
El historiador norteamericano de Zapata, John Womack, ha dicho esto de la manera más sencilla: “La democracia no produce por sí sola una forma decente de vivir. Son las formas decentes de vivir las que producen democracia”.
Demoler sistemas políticos autoritarios no basta para tener una democracia. Además hay que crear las condiciones económicas, sociales y culturales que la sostienen, que la hacen una segunda naturaleza, un hábito, una costumbre social.
En los nuevos actores de la democracia mexicana pueden verse los vestidos a medio terminar. Tenemos partidos políticos que necesitan refundarse, una clase política en busca de nuevos códigos de negociación, unos medios de información sin contrapeso como poder público.
Los ciudadanos, por su parte, creen poco en la ley o en la autoridad, y mucho en las pedagogías del pasado, con su larga cola de mentiras y sospechas.

viernes, 20 de julio de 2012

Opinión: Las primeras 13 lecciones de la elección


Por María Amparo Casar  @AmparoCasar
Julio 11, 2012  
María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.


Van unas primeras reflexiones sobre los que creo que aprendimos de las campañas y las elecciones del pasado 1º de julio.
De los partidos:
  • Que todos estuvieron dispuestos a violar las normas electorales que se dieron ellos mismos y que el gen priista que predispone al uso y abuso de recursos públicos (o privados) y prácticas clientelares no es exclusivo de su progenitor sino que está inoculado en todos los partidos.
Del PRI:
  • Que la unidad y alineación del partido y el candidato junto con la fortaleza de las estructuras territoriales son clave para la victoria. Claro, además del dinero.
Del PAN:
  • Que sus divisiones internas e ineficacia fueron mucho mayores que su vocación de poder
Del PRD (y Morena):
De los electores:
  • Que el voto de castigo no fue tanto contra el proyecto de los presidentes del PAN sino contra ineficacia para concretarlo. Y digo que no tanto el proyecto porque la plataforma y programa de gobierno que Peña Nieto y el PRI ofrecieron a la ciudadanía guarda más similitudes que diferencias con los de los últimos 12 años. Quizá lo único que se espera del nuevo gobierno es mayor eficacia.
  • Que todavía no están dispuestos a entregarle todos los fierros al presidente y se sienten más cómodos con la pluralidad y los contrapesos que ella conlleva. ¡Por suerte!
De la sociedad (incluido el #YoSoy132, el movimiento de Sicilia, la Cumbre Ciudadana y los intelectuales preguntones):
  • Que es capaz de elevar la deliberación pública y poner en aprietos a los candidatos
  • Que la participación vale la pena pero que si no se mantiene pasadas las elecciones de poco habrá servido 
De las reglas electorales:
  • Que urge una nueva reforma para hacer más equitativa la competencia; para tener mayores y mejores instrumentos de fiscalización; para rediseñar la relación medios-elecciones y para hacer menos costosas las elecciones. Durante el 2012 entre el IFE, el TEPJF, la FEPADE, los partidos y las campañas se habrán gastado la friolera de 18 mil millones de pesos. Esta cifra no incluye lo que se gastó en elecciones locales ni contabiliza lo que habría costado el tiempo de radio y televisión otorgado a los partidos y al IFE
Del IFE:
  • Que es una institución eficaz con una enorme capacidad para organizar elecciones, involucrar a los ciudadanos, dar certeza en el proceso y resistir las presiones políticas pero que le faltan instrumentos para monitorear y castigar con oportunidad las conductas ilegales de los candidatos y partidos
De los medios de comunicación:
  • Que tienen agenda, que siguen teniendo un poder endiablado en los procesos electorales y que ese poder deberá ser limitado y no precisamente a través del COFIPE sino a través de una reforma en telecomunicaciones
  • Que las redes sociales importan pero que todavía no son determinantes
De la mayoría:
  • Que vale la pena participar porque el voto sí cuenta, se cuenta y se recuenta

sábado, 30 de junio de 2012

¿A quién sirven abstención y voto nulo?


DÍA CON DÍA. Héctor Aguilar Camín
2012-04-24 • AL FRENTE

Oigo decir a mucha gente en muchas partes que no votará o anulará su voto.
Lo escucho en la lógica de ejercer una protesta, para manifestar un rechazo a todos los políticos sin distinción, y, también, para salirse del brete de tener que votar por algún candidato de carne y hueso, cuando ninguno convence.
Por lo que percibo en las redes sociales, tendrá muchos seguidores la idea de abstenerse o votar nulo. La experiencia de 2009 me lleva a pensar que, conforme se acerque la elección, crecerán los partidarios del voto nulo, el cual jugó ya un papel en las elecciones intermedias de aquel año.
Y un papel interesante. Si recuerdo bien llegó a representar casi 10 por ciento del voto en Jalisco y algo más en Puebla.
Conviene recordar que el voto nulo funciona como una señal de protesta genérica, pero equivale a dejar que los demás votantes decidan por uno.
Si esa protesta genérica no adquiere una agenda visible, específica, vinculada a ciertas demandas de reforma y cambios institucionales o legales, termina convirtiéndose solo en un rechazo testimonial.
En el fondo es una forma indirecta de votar por el ganador, al que el abstencionismo y los votos anulados le mejoran automáticamente el valor porcentual de los votos que sí consigue.
Los votos efectivamente conseguidos por el ganador valen más si el total de los votos válidos es menor. Diez votos efectivos de cien, valen 10 por ciento. Los mismos diez votos efectivos de 50, valen 20 por ciento. Los mismos 10 votos efectivos de 20, valen 50%.
En este sentido, el voto nulo tiene el mismo efecto práctico que la abstención, aunque su registro pueda ser un termómetro de la inconformidad ciudadana.
Ni el voto nulo ni la abstención sirven para corregir instituciones o para castigar políticos. Como protesta genérica, el voto nulo tiene un poco más de sentido en una elección intermedia, pero en una presidencial consigue el efecto, probablemente no buscado por el anulista, de dar mayor ventaja proporcional al ganador de la contienda.
Me sorprende la sorpresa con que diversos interlocutores abstencionistas o anulistas escuchan este argumento.
Quien quiera influir en esta elección debe votar, a favor o en contra de algo, por el candidato que le gusta o por el que le disgusta menos o por el que menos abomina.
Esto es lo efectivo, y lo que será contado en las urnas el día de la elección. Lo demás puede ser sintomático, pero es testimonial y, en la práctica, solo ayuda al ganador.

sábado, 5 de mayo de 2012

Un árbitro vapuleado


DUDA RAZONABLE. Carlos Puig
2012-05-05 •

Durante los varios años que trabajé en Estados Unidos, cubrí una docena de elecciones: municipales, estatales, federales, presidenciales.
Nunca. En ninguna de ellas, me enteré de cómo se llamaba, o dónde era la oficina, o quiénes trabajaban en el órgano responsable de organizar cada una de esas elecciones.
Las elecciones se trataban de los partidos, los candidatos, lo que proponían, sus estrategias y tácticas, sus movilizaciones y mítines.
Las reglas son claras, no demasiado complicadas, las impugnaciones se resuelven en tribunales comunes y corrientes. El centro de la elección es… la elección.
Revisé ayer en la prensa nacional a los moneros y me encuentro que, al menos ayer, el personaje que más se repite es Leonardo Valdés Zurita, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral.
¿Cómo es que el hombre que representa al instituto organizador de la elección se convierte en el personaje político de la temporada?
Acaso estamos acercándonos peligrosamente al escenario de hace seis años, cuando la ira de los perdedores de la elección encontró buen chivo expiatorio en el presidente consejero del IFE.
El árbitro en el centro.
A este Consejo General todo se le ha juntado:
Una ley que acumula facultades y responsabilidades —excesivas, algunas absurdas— en una institución diseñada originalmente para otra cosa.
La abierta confrontación de la industria de la radio y la televisión, molesta por una ley que le quitó ingresos millonarios en tiempos electorales, y que ha preferido hacer enemigo al instituto y no a los partidos que diseñaron y aprobaron la reforma.
La ausencia de tres consejeros por meses que atrasó cosas y cargó de chamba a algunos. Los tres recién llegados no han tenido espacio para ninguna curva de aprendizaje de los usos y costumbres de la institución.
Y por último, partidos dispuestos a litigar frente al Consejo General hasta el último de los detalles.
Esta semana es un buen ejemplo.
El asunto eran los debates.
La ley le impuso al instituto organizarlos y producirlos.
Mañana se estrenarán como realizadores de televisión. Y en la negociación de formato terminaron cediendo a la voluntad de los políticos y, aunque usted no lo crea, las preguntas que mañana se harán a los candidatos están seleccionadas por miembros de las campañas o muy cercanos a ellas. Novateados.
Organizado el debate, una de las televisoras decidió no transmitirlo.
¿A quién se culpó? Al Instituto Federal Electoral.
Por una mezcla de protagonismo de los consejeros y la mala voluntad de televisoras y partidos, el asunto acabó en manos del instituto, que tuvo que negarse —como era lógico— a exigir a la Secretaría de Gobernación que mandatara una cadena nacional.
Es decir: una ley aprobada por los partidos nos dio solo dos debates y millones de spots. Los miedos de los candidatos nos darán debates constreñidos. Una televisora se niega a transmitirlos y ¿quién tiene la culpa de todo? El IFE.
Pero nadie la carga la mano al instituto más que los partidos políticos, aprovechando la ley de 2008.
Ya he escrito en esta columna de la inédita estrategia de los partidos de la izquierda, por ejemplo, de cuestionar miles de designaciones de capacitadores electorales.
En estos días, la Secretaría Ejecutiva del IFE ha entregado un informe sobre cómo han utilizado los partidos la figura de la petición de “medidas cautelares” contra tal o cual partido. El informe, que describe el laberíntico procedimiento para desahogar cada una de estas quejas, dice: “Desde 2009, los partidos políticos han recurrido a las medidas cautelares de una forma permanente y consuetudinaria durante los procesos electorales y aun fuera de ellos. A la fecha de corte de este informe, los partidos han solicitado, en conjunto, 103 medidas cautelares, mientras que el IFE ha otorgado en 41 ocasiones la procedencia de las mismas. Es decir, en 40 por ciento de los casos. El partido que más ha solicitado la aplicación de medidas cautelares es Acción Nacional, en 42 ocasiones. El Revolucionario Institucional lo ha hecho en 37 ocasiones y el de la Revolución Democrática en 24.
“El partido que en mayor medida ha logrado que la autoridad electoral adopte un mayor número de medidas cautelares es el Revolucionario Institucional: con 17 cautelares otorgadas. El PAN ha logrado suspender propaganda mediante cautelares en 14 ocasiones y el PRD, en 10”.
Otro ejemplo de cómo la ley, los partidos que la aprobaron y los afectados por ella se unen para cargar al IFE de chamba, responsabilidades y, al final, desgastarlo.
Hace un año, Héctor Aguilar Camín escribió en estas páginas que el IFE parecía estar debilitado ante la inmensa tarea que le tocaba.
Respondieron con enjundia consejeros a rebatirlo. A debatir con él. A negar que eso fuera cierto.
Cuando —un año después— el personaje más importante de la quinta semana de campañas es el árbitro, algo anda mal en nuestras elecciones.

viernes, 27 de abril de 2012

Llamados anticorrupción


Editorial EL UNIVERSAL

Tiene toda la razón el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando, vía el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), asegura que el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer un marco jurídico adecuado, son considerados los factores más problemáticos para hacer negocios en México.
Critica el costo que la corrupción tiene para las empresas, pues el fenómeno implica una pérdida para el país de 1.5 billones de pesos, además de padecerse un 98% de impunidad. Esa cifra es 10% del PIB y las empresas, en promedio, destinan un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar, lo que afecta su productividad y competitividad. Nada de lo que no estuviéramos advertidos desde hace años, lo cual acentúa la gravedad de la falta de acciones.
La Secretaría de la Función Pública ha presentado casos de sanciones y expedientes turnados a la PGR, pero dichas medidas no parecen haber tenido impacto significativo. Todo lo contrario. Encuestas de percepción como las del sector privado, o evaluaciones paralelas de la administración pública, como las de la Auditoría Superior de la Federación, dan cuenta de los problemas que enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes para sortear las peticiones de soborno de funcionarios de todo nivel de gobierno. El panorama no es mejor a nivel de gobiernos estatales.
Consignaciones e inhabilitaciones de funcionarios de nivel medio o bajo que la SFP y sus equivalentes en las entidades de la República hacen anualmente no corresponden con el tamaño del problema. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben mucho a la ciudadanía.
Aun así, resulta cuestionable el reconocimiento tácito de los empresarios organizados del país en el sentido de que muy a su pesar pagan sobornos, mordidas o sobrefacturaciones a cambio de contratos, favores o agilización de trámite.
Se puede entender la necesidad de un empresario por abrirse puertas para sobrevivir, pero de ahí a solapar con velada indignación un atropello y hacer llamados abstractos a la corrección del problema hay mucha diferencia.
Urge saber nombres, instituciones, personas, situaciones. Se necesitan denuncias civiles y penales. Un puñado de burócratas corruptos no tendría por qué ser más poderoso que miles de empresarios de todo nivel en el país. Los organismos cúpula del sector privado tendrían que ser los canales para ponerle rostro y apellido a los corruptos. De otra forma, sus llamados quedarán en el aire.


miércoles, 18 de abril de 2012

Nayarit el segundo estado más endeudado, después de Coahuila.


Cinco estados deben el doble de lo que reciben
Coahuila, Quintana Roo,  Nuevo León, Chihuahua y Nayarit son las entidades más  endeudadas con respecto a sus participaciones
Informador.com.mx - Informe de la Secretaría de Hacienda
El año pasado, los pasivos de las entidades representaron casi 80% de lo que percibieron
CIUDAD DE MÉXICO (09/ABR/2012).- Su deuda es tan grande que supera lo que reciben de la Federación.

Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua y
Nayarit registran deudas que superan 100% de lo que reciben de participaciones, según información de la Secretaría de Hacienda.

En una radiografía de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda sobre las obligaciones financieras de las entidades, al cierre de 2011, la deuda de Coahuila representa 8.6% del PIB, con lo cual se vuelve en el Estado con la carga más elevada que en 2010 representaba sólo dos por ciento.

Nayarit tiene el segundo nivel más alto con 6.9% del PIB, casi el doble del año atrás cuando el registro era de 3.6% del PIB. En Chiapas pasó de 3.1% del PIB al cierre de 2010 a 5.7% en 2011.

Al finalizar el 2011, las entidades federativas contabilizaron pasivos por 390 mil 777 millones de pesos, los cuales representaban 79.2% de las participaciones, una cifra por encima de 50.1% que se tenía al cierre de 2001.

Tlaxcala es la Entidad con la menor presión, una vez que su deuda de 53 millones de pesos representó 1% de los recursos que recibe de la Federación.

La deuda de las entidades representó 2.9% del PIB y equivalen a 61.4% de los ingresos totales garantizados por gobiernos locales.

Para Michoacán, el endeudamiento representa 98.7% de sus participaciones, para el Distrito Federal, el endeudamiento al cierre de 2011 representó 96% de sus participaciones. La diferencia entre ambas entidades es que mientras la capital tuvo un ajuste, en Michoacán se incrementó.

El Senado plantea iniciativa para que entidades rindan cuentas

Ayer el líder de la fracción blanquiazul en el senado, José González Morfín, argumentó que una de sus prioridades legislativas es avanzar en el análisis y discusión de una iniciativa que establezca más mecanismos de rendición de cuentas para contratar deuda en los estados.

“Temas como las modificaciones legales para que los estados no contraigan deudas de manera descontrolada que afecten a su ciudadanía, deberán ser discutidos, pues en un plazo no muy lejano el tema de las deudas estatales puede incidir en las finanzas del país”.

Numeralia
Déficit millonario


36 mil 510 millones de pesos es la deuda de Coahuila, lo que representa 305% más de sus participaciones.

13 mil 26 millones de pesos es lo que debe Quintana Roo. 204% más de lo que recibe del Gobierno federal.

38 mil 590 millones de pesos es la deuda de Nuevo León. La cifra supera 166% la desus participaciones.

17 mil 319 millones de pesos es lo que debe Chihuahua. Lo que siginifca 118% de lo que recibe.

5 mil 535 millones es la deuda de Nayarit. Lo que equivale a 112% de sus participaciones.

martes, 17 de abril de 2012

Diputados analizan prohibir alcohol y tabaco a menores de 21 años.


¿En Nayarit que hacen nuestros diputados al respecto, ya que ocupamos el primer lugar nacional en alcoholismo?
POLÍTICA • 7 ABRIL 2012 - 3:40PM — ISRAEL NAVARRO
El objetivo de modificar la Ley General de Salud es “garantizar el desarrollo físico y mental de los jóvenes”; la reforma prevé publicitar los productos sólo a mayores de 21 años.
Ciudad de México • Debido a que en el país 23 por ciento de los accidentes viales son bajo los efectos del alcohol y que anualmente 53 mil personas mueren debido a enfermedades relacionadas con el tabaco, la Cámara de Diputados analiza una reforma que establece los 21 años como edad mínima para la venta de estos estupefacientes.
La iniciativa que establece modificaciones a la Ley General de Salud, tiene el propósito de “garantizar el desarrollo físico y mental de los jóvenes, disminuir el consumo de estas sustancias y dar cumplimiento a los compromisos internacionales pactados por México en esta materia”.
La minuta presentada por el diputado del Partido Verde, Guillermo Cueva señala que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de 21 años de edad, además que se exigirá a la persona que quiera adquirir productos del tabaco que acredite ser mayor de 21 años de edad con identificación oficial que incluya su fotografía.
Asimismo, los establecimientos deberán colocar un anuncio en su interior con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro de dichos productos a menores de 21 años de edad.
Precisa que la publicidad y promoción de productos de tabaco únicamente será dirigida a mayores de 21 años de edad a través de revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos.
El documento destaca que en México mueren anualmente más de 53 mil personas por enfermedades derivadas del tabaquismo, además que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el país se gastan más de 75 mil millones de pesos al año en la atención de enfermedades relacionadas al tabaquismo.
El fumador pasivo incrementa aproximadamente entre 25 y 30 por ciento el riesgo de padecer enfermedades del corazón o desarrollar cáncer de pulmón; también existe relación entre humo de tabaco y el síndrome de muerte súbita en niños recién nacidos.
Se afirma que el 40 por ciento de los niños están expuestos al humo del tabaco en su propio hogar, por lo que son atribuibles al tabaquismo pasivo el 31 por ciento de las muertes en niños.
Respecto del consumo de alcohol, señala la iniciativa que el 23 por ciento de las defunciones por accidente de tránsito con conductores intoxicados ocurren a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, además que el 44 por ciento de las personas que han intentado suicidarse lo han hecho bajo los efectos del alcohol.
Subraya que en más de la mitad de las muertes por homicidio (56.74 por ciento), la víctima se encontraba intoxicada con alcohol etílico, aunado a que el 9.5 por ciento de los hombres adultos son dependientes del alcohol.
“No basta con la mayoría de edad para poder consumir alcohol, si bien adquieren derechos y obligaciones, el Estado debe prever que exista un desarrollo pleno de los mexicanos. Asimismo, se trata de un derecho de salud de los jóvenes mexicanos para el pleno desarrollo de su cerebro, así como una prevención de accidentes automovilísticos y de enfermedades crónicas”, detalla.