Llamados anticorrupción

Editorial EL UNIVERSAL

Tiene toda la razón el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando, vía el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), asegura que el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer un marco jurídico adecuado, son considerados los factores más problemáticos para hacer negocios en México.

Critica el costo que la corrupción tiene para las empresas, pues el fenómeno implica una pérdida para el país de 1.5 billones de pesos, además de padecerse un 98% de impunidad. Esa cifra es 10% del PIB y las empresas, en promedio, destinan un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar, lo que afecta su productividad y competitividad. Nada de lo que no estuviéramos advertidos desde hace años, lo cual acentúa la gravedad de la falta de acciones.

La Secretaría de la Función Pública ha presentado casos de sanciones y expedientes turnados a la PGR, pero dichas medidas no parecen haber tenido impacto significativo. Todo lo contrario. Encuestas de percepción como las del sector privado, o evaluaciones paralelas de la administración pública, como las de la Auditoría Superior de la Federación, dan cuenta de los problemas que enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes para sortear las peticiones de soborno de funcionarios de todo nivel de gobierno. El panorama no es mejor a nivel de gobiernos estatales.

Consignaciones e inhabilitaciones de funcionarios de nivel medio o bajo que la SFP y sus equivalentes en las entidades de la República hacen anualmente no corresponden con el tamaño del problema. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben mucho a la ciudadanía.

Aun así, resulta cuestionable el reconocimiento tácito de los empresarios organizados del país en el sentido de que muy a su pesar pagan sobornos, mordidas o sobrefacturaciones a cambio de contratos, favores o agilización de trámite.

Se puede entender la necesidad de un empresario por abrirse puertas para sobrevivir, pero de ahí a solapar con velada indignación un atropello y hacer llamados abstractos a la corrección del problema hay mucha diferencia.

Urge saber nombres, instituciones, personas, situaciones. Se necesitan denuncias civiles y penales. Un puñado de burócratas corruptos no tendría por qué ser más poderoso que miles de empresarios de todo nivel en el país. Los organismos cúpula del sector privado tendrían que ser los canales para ponerle rostro y apellido a los corruptos. De otra forma, sus llamados quedarán en el aire.